El INE y el Tribunal Federal Electoral en los últimos días han tomado decisiones jurídicas importantes, pero que no tienen ninguna repercusión política, ya que persisten los hechos consumados sobre todo por parte del gobierno que de manera impune, sigue violando no solo la Constitución sino también una serie de leyes ordinarias
En estos días se discuten violentamente una serie de asuntos políticos muy importantes, de cuyo tratamiento y desenlace final, surgirá el resultado de las elecciones presidenciales del 2024.
Después de haber visto algunos programas de Jaime Mausan he llegado a la conclusión de que los 1700 anuncios espectaculares de los candidatos de Morena los pusieron unos ángeles venidos del cielo, posiblemente ordenados por Moisés para salvarnos de la derecha, ya que nadie ha identificado a los individuos y las empresas que los han pagado y por lo tanto, hasta hoy,
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE, en su pasada sesión, acordó autorizar las actividades que realizan los candidatos de Morena a la Presidencia de la República, contra todas las evidencias políticas que incluso se han publicado en la prensa, relativas a la realización de actos de proselitismo y de campaña que se efectúan todos los días y al hacerlo está asumiendo una actitud de tolerancia y de complacencia que, de continuar, tendría graves repercusiones políticas en las próximas elecciones nacionales.
Las medidas cautelares que tomó el INE sobre la actuación a que se deben someter los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena son, en términos generales, las siguientes: no podrán abordar temas de carácter electoral, no deberán referirse a un partido en forma específica, no realizarán propaganda, no mencionarán ningún programa de gobierno, no lanzarán ataques contra los candidatos de otros partidos, no utilizarán recursos públicos en sus recorridos, rendirán un informe financiero acerca de sus actividades.
Tanto el Presidente de la República como los dirigentes de Morena han afirmado que las resoluciones tomadas la semana pasada en las cuales designaron a cuatro aspirantes a la candidatura presidencial, no son tales sino solo coordinadores partidarios, con la finalidad evidente de que no puedan ser acusados de estar violando las normas electorales, lo que implica un verdadero insulto político los mexicanos en su conjunto.
Rumbo a las elecciones del 2024 los partidos burgueses planean las estrategias para llegar a la administración del Estado. Los hilos de distintos colores se entretejen de maneras intrincadas. Surgen los eslóganes y consignas que hablan de un cambio verdadero, de la transformación, de que el futuro lo construimos todos y juegan con la esperanza del pueblo trabajador de tener un mundo mejor.
La legislación electoral que se prepara, pretende mantener y perpetuar en el poder político a MORENA, en su calidad de nuevo partido mayoritario, que desplazó al PRI de los principales cargos púbicos en el marco de una nueva lógica de dominación política, no de un nuevo partido de clase, sino la continuación histórica e ideológica del anterior grupo en el poder.
Entró en vigor la reforma que permite que los funcionarios públicos pueden realizar acciones de propaganda utilizando los servicios públicos que proporcionan las dependencias que están su cargo y las obras públicas que llevan a cabo, afirmado que se trata de meros actos de expresión de sus ideas y, por lo tanto, no están prohibidos.
En las últimas dos semanas, la reforma electoral ha sido el centro del debate político en medios y redes sociales. Por un lado, el gobierno de Obrador y MORENA defienden que el objetivo de su reforma es ampliar la representación popular y arrebatar el órgano electoral de las “fuerzas conservadoras”. Por otra parte, el resto de partidos burgueses